Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El gobierno de Laurentino Cortizo, durante su quinquenio, ha despedido a aproximadamente 130 mil trabajadores estatales, según informes de Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP).
Estos despidos han generado una preocupación considerable dentro del sector público, al parecer decisión tomada por los resultados de las elecciones del 5 de mayo, que aparentemente no fueron del agrado de las autoridades actuales, dijo.
Señaló que la reacción a estos resultados parece haber influido en una gestión caracterizada por el desapego a las normativas legales vigentes, evidenciando una proliferación de contratos laborales mal administrados.
En el Ministerio de Educación (Meduca), el caso es particularmente alarmante con más de 20,000 contratos, muchos de los cuales no se renuevan anualmente, dejando a un número significativo de personas en vulnerabilidad laboral, explicó
Aseguró que la situación se agrava cuando se considera que entre los afectados por estos despidos se encuentran funcionarios permanentes y trabajadores protegidos por leyes especiales.
A juicio de Berrocal, la práctica de tratar a los empleados públicos como meras herramientas desechables, sin consideración por su bienestar o sus derechos, ha causado un daño profundo a muchas familias panameñas.
Berrocal expresó su preocupación no solo por los despidos injustificados y la mala administración de contratos, sino también por la actitud general de los diferentes gobiernos hacia los funcionarios públicos.
La falta de respeto hacia los trabajadores estatales se ha convertido en una práctica común, deshumanizando y desvalorizando su contribución a la sociedad, agregó.
Ante este panorama, Berrocal ha hecho un llamado directo al presidente electo José Raúl Mulino, instándole a respetar la ley y a poner orden en la “casa”, haciendo referencia a la administración pública, basando sus acciones en principios legales y no en el clientelismo político.
Esta situación refleja un ciclo perjudicial no solo para los trabajadores del sector público, sino para la estructura misma de la administración pública en Panamá, dijo.
Señaló que la estabilidad laboral se ve comprometida, y con ello, la eficiencia y la moral dentro del sector público.
El llamado a la legalidad y al respeto por los derechos de los trabajadores no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad práctica para asegurar una gestión eficaz y justa del servicio público.
La respuesta del próximo gobierno, encabezado por José Raúl Mulino, ante este llamado será determinante para el futuro inmediato de la administración pública en Panamá.
El respeto por la ley y por los derechos de los trabajadores no solo restauraría la fe en el sistema de servicio público, sino que también establecería un precedente crucial para el trato ético y humano del personal estatal.
La esperanza está puesta en un cambio significativo que ponga fin a las prácticas de despidos injustificados y de mala administración de contratos, asegurando así un entorno laboral más estable y respetuoso para todos.
